jueves, 6 de agosto de 2020

ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, VERACRUZ.


NO A LA IMPOSICIÓN DE UNA ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR EN EL CENTRO DE LA CONGREGACIÓN EL PALMAR.



Carrillo Puerto, Veracruz a 3 de agosto de 2020


El pasado 14 de julio de 2020, habitantes de la Congregación El Palmar e integrantes de la Coordinadora de Pueblos en defensa del Río Atoyac, realizamos una denuncia pública por la persecución política que la Fiscalía Municipal de Carrillo Puerto a cargo de la Lic. Janeth Cecilia Hernández Pérez y el Gobierno Municipal de la misma entidad, presidido por Jaime Carrillo Tinoco, iniciaron en nuestra contra por oponernos a la instalación de una antena de telefonía celular en el centro de la comunidad, que sabemos puede causar graves daños a la salud, especialmente en la población infantil.


Como ya hemos denunciado previamente, la antena de telefonía celular se comenzó a construir a inicios del 2019, con permiso de las direcciones de Catastro y Obras públicas del Municipio, a escasos 30 metros del jardín de niños de la comunidad y  50 metros del centro de salud, así como de otros centros de reunión importantes (iglesia, CONASUPO y casa ejidal). Sabemos, por testimonios de comunidades afectadas en diferentes partes de México y el mundo, así como por numerosos estudios científicos, que las Radiaciones de Radio Frecuencia (RRF) producidas por estas antenas provocan diferentes afectaciones a la salud, como son: dolor de cabeza, mareos, irritabilidad, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse, alteraciones en los procesos de aprendizaje, cáncer (especialmente astrocitoma, un tipo de cáncer que se desarrolla en el cerebro y en la médula espinal), daños genéticos, alteraciones hormonales (mayor producción de hormonas asociadas al estrés como el cortisol) y alteraciones del sistema inmune. Los niños son especialmente susceptibles a los daños causados por las RRF debido a que su sistema nervioso aún se encuentran en proceso de maduración. Por todo lo anterior, la OMS recomienda no instalar este tipo de dispositivos a menos de 200 metros de centros de población.


A raíz de la denuncia, Jaime Carrillo Tinoco emitió un comunicado público en el que afirma que las acusaciones que se han hecho en contra de su gobierno son falsas, y que éste “en ningún momento ha iniciado persecución política ni denuncia penal ante una fiscalía en contra de los integrantes de la Coordinadora y pobladores de la Congregación El Palmar”. Asimismo, señala que “desconoce los intereses de las persona que argumentan tales aseveraciones sin fundamento legal” quienes “tratan de ofuscar la inteligencia de los habitantes de la localidad”. A ello, le respondemos que fue su gobierno el que otorgó los permisos de uso de suelo y construcción de la antena a la empresa Operadora Sites Mexicanos S.A de C.V., haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones de la comunidad de suspender la obra por los riesgos que implica para la salud (de lo cual damos cuenta en el relato de hechos que se enlista al final de este comunicado), así como de las recomendaciones que establece la OMS para el establecimiento de este tipo de dispositivos. Además, fue la fiscalía municipal de Carrillo Puerto, ubicada dentro de las instalaciones del ayuntamiento que él preside, la que emitió citatorios por denuncia penal a 12 pobladores opositores a la construcción de la antena. De modo que no entendemos como afirma no estar enterado de lo que ocurre dentro de su propio ayuntamiento. 


Insistimos en que los proceso penales abiertos en contra de 12 habitantes de El Palmar y miembros de la Coordinadora, son un mecanismo de intimidación y persecución que aspira a frenar la organización de la comunidad y a favorecer el interés privado sobre el interés público, con lo cual el representante del gobierno municipal de Carrillo Puerto viola los principios que en su cargo debiera enarbolar.


Asimismo, denunciamos que Jaime Carrillo Tinoco miente respecto a que su gobierno se ha caracterizado por su disposición al diálogo y por el respeto a los derechos humanos, ya que desde abril del 2019 se le han entregado numerosos oficios y actas de asamblea para hacer de su conocimiento la inconformidad unánime de la comunidad respecto a la instalación de la antena por vulnerar el derecho a la salud de sus habitantes. Todos los oficios han sido recibidos y acusados por el ayuntamiento sin que éste tome medidas en la cancelación de la obra. 


Ante estos hechos:

  • Exigimos la suspensión definitiva de la construcción de la antena y la cancelación de los permisos otorgados a la empresa Operadora de Sites Mexicanos S.A de C.V  por vulnerar el derecho a la salud de los habitantes de El Palmar y por hacer caso omiso a las determinaciones de la asamblea de la comunidad que se opone de manera unánime a su instalación.

  • Refrendamos nuestra denuncia pública contra el alcalde de Carrillo Puerto por usar la ley en contra de la justicia y utilizar los procesos penales en contra de los habitantes de El Palmar y miembros de la Coordinadora como una herramienta para sembrar el miedo e imponer la antena. Esto resulta más grave en tiempos de la pandemia, pues en lugar de priorizar el cuidado de la población, usa al ministerio público para instrumentar la persecución política.

  • Exigimos la cancelación inmediata de los procesos penales abiertos en contra de los habitantes de El Palmar y miembros de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac.

  • Exhortamos nuevamente la intervención del gobernador C. Cuitláhuac García y demás organismos estatales y federales competentes para que cesen los ataques contra los habitantes de El Palmar y miembros de la Coordinadora, para que garanticen nuestro derecho a organizarnos libremente y a defender nuestro derecho a la vida.

  • Nuestros compromiso es con las comunidades, con la defensa de nuestros territorios, de nuestra salud y de la vida que a todos nos corresponde cuidar y procurar. Y así lo seguiremos haciendo si un nuevo megaproyecto pretende imponerse violentando nuestra integridad.



Relato de los hechos:


El siguiente relato de hechos da cuenta de las gestiones que ha hecho la comunidad para detener la construcción de la antena, de las cuales el presidente municipal afirma no darse por enterado:


  1. 19 de abril de 2019: La comunidad de El Palmar reunida en asamblea acuerda la cancelación de la antena y asienta el acuerdo en un acta que es firmada por los asistentes y entregada al Ayuntamiento (se cuenta con el acuse firmado y sellado). Al mismo tiempo, el comité de la comunidad solicita al Ayuntamiento, mediante un oficio, la entrega de los siguientes documentos: 1) Permiso de cambio de uso de suelo, 2) Licencia de construcción (se cuenta con el acuse firmado y sellado del oficio).


  1. 29 de abril: El ayuntamiento entrega a la asamblea de la comunidad, la licencia de construcción otorgada a la “Operadora de Sites Mexicanos” S.A. de C.V., emitida con fecha del 3 de abril de 2019.


  1. 19 de junio de 2019: El agente municipal de El Palmar dirige un oficio al Director de Obras Públicas del Municipio, Lic. Luis Ángel González Nava y otro al Director de Protección Civil, Lic. Porfirio Pérez Aguilera, en los que se manifiesta la inconformidad de la comunidad por la construcción de la antena a escasos 30 metros del jardín de niños, 50 metros del centro de salud, así como de otros centros de reunión como son la casa ejidal y la CONASUPO, lo que implica un riesgo para la salud de sus habitantes, especialmente para los más pequeños (se cuenta con el acuse firmado y sellado de ambos oficios con fecha del 20 de junio).


  1. 22 de junio de 2019: La compañía Operadora de Sites Mexicanos S.A. de C.V. solicita al Agente Municipal que cite a la comunidad a una asamblea. Por parte de la empresa se presenta el Arquitecto Ricardo González quien explica los beneficios y riesgos de la antena y asegura que la construcción de la antena se inició sabiendo que toda la comunidad estaba de acuerdo con su construcción. Al término de la exposición se acuerda elaborar dos formatos en los que se presiona a la población a votar por el Sí o el No a la instalación de la antena. De las 200 personas que participan en la votación, 85 firman por el NO, ninguna persona por el Sí y el resto se abstiene de votar explicando que ya han firmado diversos oficios girados a diferentes dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal, en los que manifestaron su oposición a la construcción de la antena. El Acta de la asamblea es firmada por el Sr. Antonio del Pilar Silveiro, agente municipal del Palmar.


  1. 28 de junio de 2019: El acta de la asamblea realizada el 22 de junio de 2019 es entregada al ayuntamiento y al Director de Obras públicas (se cuenta con acuse firmado y sellado).


  1. 3 de julio de 2019: El director de obras públicas Lic. Luis Ángel González dirige un oficio a la empresa Operadora de Sites Mexicanos S.A de C.V. con el número OP/20/9/0032. En el que notifica la suspensión de los trabajos y los fundamento en el artículo 360 fracción VIII del Reglamento de Construcción, debido a que no se cuenta con la licencia de construcción.


  1. 5 de Diciembre de 2019: La dirección de Catastro, bajo la dirección de C. Valente Chávez Moreno, extiende a la Operadora Sites Mexicanos S.A de C.V la licencia de cambio de uso de suelo.


  1. 9 de Diciembre de 2019: La dirección de obras públicas del municipio de Carrillo Puerto, a cargo de el Ing. Luis Angel González Nava le extiende a la Operadora Sites Mexicanos S.A de C.V una cotización por los trámites requeridos para otorgar la licencia de construcción de la antena de telefonía, la cual ya había sido emitida desde abril del mismo año pese a no haber cumplido con el pago y no contar con la licencia de cambio de uso de suelo.


  1. 9 de junio de 2020: Se gira un primer citatorio por demanda penal a 12 integrantes de la comunidad El Palmar y miembros de la Coordinadora, sin informarles de que se les acusa ni la identidad del acusante.


  1.  13 de julio de 2020: Se gira un segundo citatorio por demanda penal a 12 integrantes de la comunidad El Palmar y miembros de la Coordinadora. Se sigue sin aclarar el motivo de la demanda.


  1.  14 de julio de 2020: Se publica una carta en respaldo a las y los defensores del territorio de la Congregación El Palmar y miembros de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, firmada por prestigiosos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales e intelectuales del país, entre los que destacan el Obispo Raúl Vera López de la Diócesis de Saltillo, la antropóloga Victoria Novelo Oppenheim, quien falleció unos días después de firmarla, y Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.


  1.  20 de julio de 2020: En lugar de contactarnos y buscar un diálogo con la comunidad, el Presidente Municipal de Carrillo Puerto, Jaime Carrillo Tinoco, emite un comunicado público, afirmando que desconoce las intenciones de los denunciantes, las cuales carecen de fundamento legal y tratan de ofuscar la inteligencia de los habitantes de la comunidad. Esto a pesar de que en numerosas ocasiones hemos hecho de su conocimiento la oposición unánime de nuestra congregación a la instalación de la antena por los riesgos que implica para la salud.



ATENTAMENTE

Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac



domingo, 22 de diciembre de 2019


HISTORIAS PARALELAS: LAS LUCHAS PARA SALVAR LOS TRES RÍOS ATOYAC


POR ANA PAULA DE LA TORRE / @ANAPAULADELATD 
8, SEPTIEMBRE, 2019 

Los esfuerzos de la sociedad civil, así como de pobladores que los necesitan para vivir, han alcanzado triunfos legales históricos para la protección del agua. No pararán hasta que se cumplan las sentencias. Esta es su historia. 
Tienen el mismo nombre, que en náhuatl significa “agua que corre”, pero están separados por cientos de kilómetros. Se trata de los ríos Atoyac de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Los tres enfrentan un mismo problema: la grave contaminación de sus aguas y la organización de luchas ciudadanas para sanearlos. 
La reacción civil sobre la defensa de estos tres ríos se ha dado desde hace 30 años y sus expresiones son extremadamente variadas. Van desde las manifestaciones y protestas campesinas, hasta la búsqueda de amparos con los que se obliga a las autoridades pertinentes a la reparación de los daños causados por la contaminación. 
En Veracruz, por ejemplo, la lucha de un grupo de campesinos ha podido disminuir la contaminación del río, en tanto en Oaxaca se logró una sentencia histórica, por la vía del amparo, que obliga a las autoridades pertinentes a limpiar el río. 

UN POCO DE HISTORIA 

En el caso de Puebla, el río Atoyac nace en la sierra Nevada y recorre 200 kilómetros y 69 municipios. Por su parte, el Atoyac de Oaxaca riega los valles centrales de ese estado y pasa por 25 municipios. Y el Atoyac de Veracruz cruza por nueve municipios. 
De acuerdo con el académico Luis Andrés Prado Trigo, de la Universidad Autónoma de Puebla, desde 1870 en el río Atoyac de Puebla proliferó la industria textil, y con ello comenzó una historia de descargas de los desechos de las fábricas de este ramo al río, además de los desechos municipales. 
En el caso de Oaxaca, el río desde hace más de un siglo es asediado por las descargas residuales, los tiraderos a cielo abierto y la explotación de arena en su rivera. 
En tanto, en Veracruz el río Atoyac es afectado por la deforestación en la cuenca alta, basureros a cielo abierto, contaminación de alcoholeras e ingenios azucareros, así como por la presencia de agroquímicos, entre otros. 

ALTAMENTE CONTAMINADOS 
No solo eso. Datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), obtenidos vía transparencia, y del informe: “Resultados Cuenca Río Alto Atoyac 2012-2017”, revelan que la calidad del agua del río Atoyac en Puebla es mala. 
En este río hay al menos 1,129 puntos de monitoreo donde la presencia de coliformes totales (grupo de bacterias contaminantes, entre ellas, las emanadas por los residuos fecales) está por arriba de los 24,000 NMP/100 ml, y en otros 117 puntos del río están con más de 1,000 NMP/100 ml, cuando la cantidad aceptable para que el agua sea considerada como limpia es de solo 1,000 NMP/100 ml. 
Además, hay por lo menos 19 componentes considerados como posibles cancerígenos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), como dicloroetano, dinitrotolueno, bromodiclorometano, mercurio, cloruro de metileno, cloroformo y plomo. 
De acuerdo con un informe de la Conagua de 2017, entregado a la asociación Litigio Estratégico Indígena, sobre la calidad del agua en el río Atoyac de Oaxaca, existen al menos seis puntos con más de 20,000 NMP/100 ml en coliformes, y en “lluvias” se encontraron 14 puntos arriba de 10,000. 
El mismo informe determina que “el resultado de los indicadores permite inferir que la principal fuente de contaminación de la corriente son las actividades antropogénicas que derivan principalmente en las descargas de aguas residuales, vertido al río de basura, y desechos de origen agrícola, comercial, animal y doméstico”. 
El río Atoyac de Veracruz, por su parte, no aparece en los registros y estaciones de monitoreo de Conagua. Aún así, este cauce está contaminado por fertilizantes, fungicidas, herbicidas y aguas residuales de los ingenios azucareros, según datos recabados por organizaciones de ciudadanos como la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac, Veracruz. 

VERACRUZ: LA PROTESTA COMO LUCHA 
José Alfonso Domínguez Rodríguez tiene 46 años y es campesino. Nació en el Municipio de Carrillo Puerto, Veracruz, y desde pequeño el río Atoyac ha estado en su historia. 
“Yo desde que nací la he pasado en el río. Antes agarrábamos el camarón para vender. Y con el tiempo empezaron a contaminarlo, fue perdiéndose, el langostino también se perdió, y cuando se empezó a contaminar más feo yo tenía como 20 años”, dice en entrevista con Newsweek México. 
Pero Domínguez no se quedó quieto. En 2003 formó junto con otros habitantes de la zona, la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac, Veracruz. Sus acciones han sido contundentes, y algunas las han hecho de la mano de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). 
“Nos empezamos a reunir en 2003 y empezamos a hacer paros a la alcoholera (una de las principales empresas que contaminan el río), y cuando los demandamos logramos que dejara de aventarle sus desechos”. 
La empresa los contrademandó, pero con la ayuda de los abogados del Cemda ganaron la demanda. 
Ahora la alcoholera contamina menos, pero aun así hay daños irreversibles en el río. 
Domínguez ahora es uno de los activistas más visibles de la región. Él y el resto de los integrantes de la Coordinadora han encontrado en las protestas una forma de lucha. Algunas son simbólicas, y otras no tanto: “Hemos hecho de todo: clausurado rellenos sanitarios, rastros, basureros de cielo abierto, etcétera. La verdad, la protesta sí ha servido, ha mejorado, ya no contaminan igual”, concluye. 

PUEBLA: EL AMPARO COMO ARMA 
Subieron a las lanchas inflables de rafting en el Puente México de Puebla. Eran unos 20 amigos que, con trajes blancos y armados solo con cubrebocas, surcaron parte del río Atoyac en octubre de 2010. 
“¿Están idiotas? Hemos detectado cepas, virus y bacterias que son mortales”, le dijo hace un par de años un médico a Carlos Eduardo Tapia Camino, uno de los creadores de Dale la Cara al Atoyac, A. C. 
Miembros de esta organización hicieron cuatro expediciones en lanchas inflables por el río Atoyac, para llamar la atención sobre la contaminación del río, sin ser expertos. 
En 2014 fue la última vez: “La verdad fue una irresponsabilidad las cuatro veces que nos echamos, yo de plano llegaba a vomitar a mi casa”, dice Tapia. 
Y aunque desde marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 por la contaminación del río Atoyac, según investigaciones de la propia organización, más de 9,000 empresas siguen vertiendo sus desechos en el agua. 
Pero este grupo, integrado aproximadamente por 14 personas, está usando otra vía para salvar el cauce. En marzo de 2017 interpusieron un amparo indirecto en materia administrativa, un recurso que responsabiliza a distintas autoridades. 
Sobre este recurso, el abogado experto en derechos humanos y quien ha seguido muy de cerca esta nueva herramienta jurídica en otros casos ambientales, Luis Miguel Cano, apunta: “Sí sirve, y cada vez debería servir más, pero al final creo que hay un problema de ejecución de la sentencia. 
“Los tribunales han sido muy formalistas y hay una batalla para que el sistema de justicia cambie de actitud, de orientación. Aún así, tiene mucho potencial, pues estamos en un momento de cambio”. 
Sobre este amparo, Tapia recuerda por qué decidieron interponerlo: “Nos encontramos con que nadie sabe qué le toca hacer bien. Pues nos agarramos a todos, y póngase de acuerdo. Algunos se han amparado”. 
“Ni las industrias ni los municipios tienen plantas de tratamiento y todas vierten sus desechos al río”, recalca Violeta Trinidad, de Dale la Cara al Atoyac, A. C. 
Para el abogado Vadir Arvizu Hernández, uno de los litigantes detrás de la histórica sentencia de hace dos años que obligó a las autoridades a sanear las aguas de Xochimilco y quien colabora con Dale la Cara al Atoyac, A. C., los amparos son un arma poderosa para la protección al medioambiente. 
“Son herramientas efectivas, pero como cualquier juicio hay que saberlo litigar. Por ejemplo, en la acción colectiva en materia de medioambiente en Xochimilco ya tenemos una sentencia y ya estamos en etapa de ejecución; pero son cosas tardadas porque no hay un manual que le diga a un juzgado cómo llevar un tema de reparación de daño”. 
Sobre el futuro del amparo en Puebla, adelanta: “Van a involucrar a todas las autoridades y les tendrán que pedir que presenten un programa de reparación de daño integral que tiene que aprobar su unidad técnica. Y si nosotros vemos algo que está mal, pues lo impugnamos”. 

OAXACA: LA PRIMERA SENTENCIA PARA DEFENDER UN RÍO 
Miembros de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena lanzaron, en 2016, un llamado a la ciudadanía por medio de una radiodifusora local para interponer un amparo que les permitiera conseguir el saneamiento de los ríos Salado y Atoyac. 
Un indígena de la etnia cuicateca respondió para sumarse a este recurso jurídico: su nombre permanece anónimo para su protección. “Esta persona vive a 178 metros del Atoyac y a 20 metros la zona del mercado de abastos; la contaminación la afecta directamente”, cuenta el abogado Carlos Morales Sánchez, especializado en litigios por los derechos indígenas y creador de esta organización. 
La solicitud de amparo fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca, pero el juez desechó la demanda el 4 de abril de 2016. Luego, la parte quejosa solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el asunto, instancia que revocó el acuerdo de desechamiento y ordenó al juez que admitiera la demanda. 
El camino rugoso siguió. El 26 de marzo de 2018, Elizabeth Franco Cervantes, jueza primera de Distrito de Oaxaca, concedió el amparo a los ciudadanos, pero cinco autoridades responsables se negaron a cumplir la sentencia, por lo que interpusieron un recurso de revisión. 
¿Quiénes fueron? La Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); el gobierno del estado de Oaxaca; el municipio de Oaxaca de Juárez y el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. 
A la lucha de la defensa del río, sin embargo, se unieron actores como el pintor Francisco Toledo, quien envió una carta al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región de Acapulco, Guerrero (donde se envió el caso), en la que mencionaba que era “hora de salvar a los ríos (Salado y Atoyac), ustedes tienen la última palabra”. 
El pasado 23 de mayo, finalmente, se dio una resolución histórica para las luchas ambientalistas en México cuando el tribunal resolvió en una sentencia que las autoridades demandadas estaban obligadas a sanear los ríos Atoyac y Salado. 
“Es la primera vez que se da una sentencia que obliga a proteger un río en México. Que el juicio de amparo se convierta en un mecanismo de protección al medioambiente significa una esperanza; una herramienta para la educación, la prevención”, dice optimista Carlos Morales respecto a esta sentencia. 
La lucha por la defensa de los ríos Atoyac continúa en Puebla, Oaxaca y Veracruz. Sus defensores han buscado alianzas con organizaciones como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) para seguir trabajando. Por lo pronto, han encontrado en las protestas y el amparo las mejores armas contra la contaminación de esos ríos separados por cientos de kilómetros, pero unidos por el mismo nombre. 
Queda esperar, como dice el abogado Vadir Arvizu Hernández, que se haga la reparación integral del daño para que se inicien acciones concretas y coordinadas. 
De no ser así, los triunfos serán en papel y, mientras tanto, el río sigue contaminado.  

Publicado por: Ana Paula de la Torre / @AnaPaulaDeLaTD


jueves, 28 de noviembre de 2019

Boletín de prensa sobre extracción de piedra


BOLETÍN DE PRENSA
COORDINADORA DE PUEBLOS EN DEFENSA DEL RÍO ATOYAC FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EL DESPOJO DE LOS BIENES COMUNES


Viernes 11 de octubre 2019.
México, Veracruz, Carrillo Puerto.

Nos encontramos frente a un nuevo proyecto que amenaza con despojar los bienes comunes de nuestros pueblos. Esta semana comenzó a llegar maquinaria a la altura de Palo Amarillo, Carrillo Puerto para extraer piedra del río. Sabemos que esto puede provocar alternaciones en el ciclo biológico y el curso natural del río.
Hasta el momento no tenemos conocimiento del nombre de la empresa y quién ha facilitado los permisos. Se nos ha negado por completo la información. Hemos observado que la maquinaria proviene de Chiapas pero no estamos seguros de que de ahí provenga la empresa.
Con anterioridad nos hemos organizado para realizar acciones de reforestación a la orilla del río porque sabemos que ello contribuye a la vegetación ribera, que es importante para la protección y el equilibrio ecológico, ya que reduce la sedimentación, la fuerza con la que fluye el agua, controla la erosión y conserva la humedad. En conjunto con las rocas, crean barreras naturales que filtran la contaminación y permiten el hábitat de la vida silvestre y la vida acuática. Además, sabemos que los bosques que se crean a la orilla de los ríos absorben y fijan dióxido de carbono, importantes para evitar el calentamiento del planeta.
Desde hace años la Coordinadora de Pueblos en Defensa del río Atoyac, hemos denunciado la contaminación que vive nuestro río y el despojo que pretendieron hacer en el manantial ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes y que logramos detener. En el 2013 declaramos a la Cuenca de río Atoyac, Veracruz como Patrimonio Ambiental Universal de los Pueblos como un acto de justicia popular que avala nuestro derecho a la protesta y a la defensa de nuestros bienes comunes.
En esta declaratoria denunciamos que el río Atoyac se encuentra contaminado por las descargas de ingenios azucareros y alcoholeras, el escurrimiento de agroquímicos utilizados en la producción de la caña de azúcar y limón persa, el empleo de los ríos y arroyos para el drenaje urbano, los escurrimientos de excremento y desperdicios de las granjas de pollos y cerdos, además de los lixiviados de los basureros a cielo abierto.
Sabemos que cada elemento natural que compone nuestro río es fundamental para su vital desarrollo y equilibrio es por eso que la extracción de piedra deteriora nuestros bienes comunes y representa un ecocidio. Vemos con indignación como los árboles que veíamos crecer a la orilla del río ahora los han derribado para extraer piedra.

¡¡No permitiremos este ecocidio!!
¡¡Nos seguiremos organizando hasta detener la extracción de rocas del río Atoyac!!
¡¡Como pueblo tenemos el derecho a la consulta y a la información, exigimos que se esclarezca la procedencia de la empresa y quién ha facilitado los permisos!!
¡¡Exigimos a las autoridades detener la extracción de material pétreo del río Atoyac!!
¡¡Invitamos a los pueblos del río Atoyac a seguir participando en las movilizaciones!!

Atentamente
Coordinadora de Pueblos en Defensa del río Atoyac


Acusación General de la Cuenca del río Atoyac


Honorables miembros del Comité Dictaminador:

Quienes suscribimos esta acusación somos los pueblos y comunidades de la cuenca del río Atoyac, que habitamos los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín y Boca del Río en el estado de Veracruz.

Somos habitantes de un territorio naturalmente privilegiado, en el cual nuestras comunidades, nuestras tierras y nuestras aguas han sido generosas para todos. En la región centro del estado de Veracruz nace la cuenca del río Atoyac que es una de las cuencas que se favorece de los deshielos del Pico de Orizaba y es parte de los ríos más caudalosos de esta entidad, además del Río Jamapa y el Río Blanco.

Gracias al cuidado que nuestras comunidades han hecho de los ríos del centro de Veracruz, pudieron instalarse desde hace un siglo y medio empresas de casi todos los ramos industriales y también pudieron crecer la industria azucarera, la del café, la de producción frutícola y el comercio con el resto de México y el mundo entero. Sin embargo, muchos de nuestros esfuerzos por conservar los ríos, su flora y fauna han resultado infructuosos porque los gobiernos locales y estatales sólo han trabajado para beneficiarse ellos mismos y a unos cuantos grupos de poder local y trasnacional.

Ante una serie de amenazas y agravios que dañan nuestro entorno y atentan contra nuestros derechos como pueblos, nos hemos unido para frenar los intentos de los gobiernos municipales, el gobierno del estado de Veracruz y el gobierno federal, en alianza con intereses privados. Es por ello que desde 2012 constituimos la Coordinadora de Pueblos en Defensa del río Atoyac, en la que convergen múltiples organizaciones y luchas históricas de nuestra región, conformando un frente común regional contra estas graves amenazas.

Aún estamos a tiempo de salvar al río Atoyac, como un río vivo. Pero si se materializa el despojo de nuestra última reserva de agua limpia, los habitantes de las comunidades de todos los municipios que recorre la cuenca del río Atoyac, estaremos en una situación sin precedente de riesgo y deterioro ambiental, de nuestra salud y nuestra vida.

Unidos como Coordinadora, denunciamos ante ustedes una serie de múltiples agravios que nos afectan desde hace décadas, que el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, mediante leyes, normas, instituciones, planes y programas, políticas públicas, procedimientos judiciales e incluso acciones ilegales se relacionan profundamente entre sí, de forma compleja y adquieren matices diferentes a lo largo de la cuenca:


En el nacimiento del río Atoyac, en el municipio de Amatlán de los Reyes y en la zona misma del Pico de Orizaba, hemos padecido la deforestación salvaje de los cerros y los bosques que sirven como fuente de recarga al río; sufriendo también la pérdida de biodiversidad de flora y fauna que esta actividad acarrea, junto con la caza ilegal de especies nativas.

Esta zona también es blanco del saqueo indiscriminado de materiales pétreos de los lechos de los ríos Atoyac, Seco y Tizapa y la explotación de las minas de piedra en Santa Ana. Estas actividades ocasionan taponamientos que afectan al nacimiento del río. Estos taponamientos, aunados a la deforestación, han generado que en los últimos 10 años, haya descendido 50% el nivel de la pequeña laguna que se forma en torno al manantial. De seguir así, se ocasionaría la pérdida del bosque, posiblemente la extinción del río y la afectación de toda la región cuenca abajo.

Encima de esto, recientemente se iniciaron obras del proyecto nombrado “Sistema múltiple de abastecimiento de agua potable Bandera Blanca” que consiste en la extracción de las aguas del manantial para bombearlas hacia la ciudad de Córdoba, con el supuesto propósito de abastecer de agua a 6 mil personas que, según el gobierno, aún no cuentan con abasto regular. Así, este proyecto encubre el despojo del agua del nacimiento como un proyecto que supuestamente beneficiaría a sectores populares de la ciudad de Córdoba.

Las obras de extracción de agua se realizan sin haber consultado a la población ni a los productores agrícolas de la región. Afirmamos que dicho proyecto no ha sido diseñado para abastecer de agua a los ciudadanos pobres de la ciudad de Córdoba, sino para saciar la sed de ganancias rápidas de la industria y de los poderosos, quienes siempre transfieren los costos sociales y ambientales de sus negocios privados a nuestros pueblos.

El proyecto Bandera Blanca se sumaría a las más de 240 concesiones para extracción de agua subterránea que ya posee el ayuntamiento de Córdoba, por las que extrae más de 400 millones de metros cúbicos anualmente, según datos de la propia Comisión Nacional del Agua, así como a las concesiones que el ayuntamiento de Córdoba tiene para extraer agua del río Ocotitlán, en Ixhuatlán del Café, de donde extrae 147 millones de metros cúbicos anualmente. El proyecto Bandera Blanca representa también una extracción adicional de agua para la ciudad de Córdoba que obtiene agua de la laguna de Nogales, a razón de 9.5 millones de metros cúbicos anuales (que además no paga). En total, el ayuntamiento de Córdoba extrae, para consumo doméstico e industrial, más de 556 millones de metros cúbicos de agua anualmente, lo cual significaría que, si un habitante promedio de México consume 270 litros por día, el ayuntamiento de Córdoba podría abastecer a una población de alrededor de 6 millones de personas. Con una población de alrededor de 200 mil habitantes, cada uno de los habitantes de la ciudad de Córdoba tiene disponibles en teoría, 2 mil metros cúbicos por habitante al año en promedio, que significarían un consumo de casi 5 mil 500 litros por habitante al día.

Ante estos datos preguntamos: ¿Cómo es posible que las autoridades municipales, estatales y la federal afirmen que la ciudad de Córdoba carece de agua? ¿Qué han hecho las autoridades para resolver los problemas de dispendio y falta de mantenimiento de la infraestructura hídrica de Córdoba? ¿Por qué despojar a los pueblos de la cuenca del Atoyac de la única fuente de agua limpia que nos queda? ¿Por qué violentar nuestro derecho para simular que se salvaguarda el de los habitantes cordobeses?

El trasvase del nacimiento del río Atoyac hacia la ciudad de Córdoba constituye un nuevo despojo de las aguas de la región porque ya han sido devastadas las cuencas del río Seco y del río Blanco por la contaminación generada por las ciudades de Córdoba y Orizaba, respectivamente, y ocasionaría, además de la pérdida irreversible del cauce del río, una elevación en la carga contaminante de los agroquímicos utilizados en la siembra de caña de azúcar y limón persa; de los desechos de las granjas y demás industrias que ya están provocando graves afectaciones a la salud de la población en los municipios de cuenca abajo.

¿Por qué no se sanciona a las empresas que destruyeron la vida en el río Seco y a las autoridades que toleraron su contaminación, que nosotros pagamos con nuestra salud?

En los medios de comunicación afines al gobierno se nos ha calificado de egoístas por no querer compartir el agua con los habitantes de Córdoba, pero no entienden que no sólo estamos preocupados por esta región, estamos pensando también en la gente que vive río abajo. En el nacimiento del Atoyac el agua aún es pura, pero dos kilómetros abajo, el río comienza a recibir descargas industriales de los ingenios, las alcoholeras, las granjas industriales de pollos y cerdos, el rastro municipal de Atoyac y los lixiviados de los basureros a cielo abierto de Atoyac y Cuitláhuac, así como descargas de aguas residuales municipales. ¿Qué va a pasar con las comunidades de río abajo si dejamos que se saque agua del río?

A partir de esta zona, la cuenca sufre afectaciones por múltiples problemáticas:

Agroindustria azucarera: La región hidrológica del Papaloapan y la
cuenca del río Atoyac conforman la región más importante para la agroindustria
azucarera. A esta región se le conoce como el Corredor de Oro Papaloapan-Córdoba. De los 22 ingenios azucareros del estado, 9 se encuentran entre las subcuencas de los ríos Blanco y Atoyac y en estas últimas se ubican los ingenios: El Potrero (municipio de Atoyac) y Central Progreso (municipio Paso del Macho).

Ingenios azucareros: Para la producción de azúcar y alcohol de caña, se requiere del consumo de enormes cantidades de agua, que superan el millón de metros cúbicos por día y de energía, que proviene principalmente de la combustión (generalmente ineficiente) del bagazo y de combustibles fósiles de baja calidad (con altos contenidos de azufre). En la fabricación de azúcar se desechan las aguas que provienen del lavado de la caña, de la clarificación del jugo conocidas como cachazas, de la limpieza de los evaporadores, calentadores y purgas de calderas, de los sistemas de enfriamiento y de los servicios sanitarios.

Contaminación por agroquímicos: En la cuenca del río Atoyac, los canales de riego y los pozos de agua potable y de uso doméstico, reciben cada año enormes cantidades de plaguicidas que son transportados por el agua que escurre en la superficie de los terrenos o por el flujo sub-superficial a través del suelo, estos plaguicidas contienen sustancias altamente tóxicas, como 2,4-D, Glifosato, Ametrina, Benomil y Paraquat que son producidos en su mayoría por empresas trasnacionales como DuPont, BASF, Dow Chemical, Monsanto y Syngenta. Entre las preparaciones comerciales más usadas encontramos herbicidas como Herbidex, Herbicol, Hierbamina, Cañex, Caña-d, FAENA, Glifo, Noble, y Diurón (todos ellos utilizados en el cultivo de la caña), insecticidas como Foley Rey (con el que se combate a la araña, el gusano y la conchilla en los cultivos de frijol, maíz y chile) y Lucadrín usado para combatir al gusano barrenador de la caña, una plaga que debido al monocultivo y a la aplicación frecuente de plaguicidas, se ha vuelto recurrente y resistente.

Sólo por mencionar algunos de los daños en la salud causados por los pesticidas mencionados, encontramos irritación e inflamación de los ojos, visión borrosa, ardor y comezón en la piel, salpullido, náuseas, asma, dificultad para respirar, sangrado nasal, mareo, daños al páncreas, daños al riñón, infertilidad, fibrosis pulmonar, etc.

En México —como en muchos de los países en los que son utilizadas enormes cantidades de plaguicidas en los campos, potreros y calles—, la legislación en torno a la seguridad y salud ocupacional es débil o inexistente, además de que las autoridades de todos los órdenes de gobierno que debieran regular su uso no proporcionan ni la información ni la protección necesaria a los campesinos, tampoco existen servicios de salud especializados para el tratamiento de las enfermedades y daños crónicos causados por esos venenos.

El Estado tiene la responsabilidad de regular el uso y la venta de agroquímicos altamente nocivos para la salud y el ambiente, así como de responder por los daños que estos generan. En la cuenca del río Atoyac, estos agroquímicos son utilizados principalmente para mantener el monocultivo de caña de azúcar. Sin embargo, los propios cañeros estamos viviendo una situación crítica, pues ni siquiera en términos económicos estamos viendo resultados positivos, ya que las últimas zafras no han sido bien pagadas y nos vemos obligados a comprar agroquímicos más baratos y más dañinos.

Alcoholeras y contaminación por vinazas: En la cuenca del río Atoyac, existen tres destilerías: Alcoholera Cañalcohol, en el municipio de Chocamán (cuenca alta), la Alcoholera Zapopan en el municipio de Atoyac (cuenca alta-media) y la alcoholera de Palma Sola  en el municipio de Cuitláhuac. La industria alcoholera es la que más ha afectado la cuenca, pues de las aguas residuales más contaminantes provenientes de los complejos azucareros/alcoholeros, las que son más contaminantes por su concentración de material orgánico biodegradable y no biodegradable son las vinazas, que se producen en una proporción de 12 a 15 litros por cada litro de alcohol destilado.

En este caso, la Alcoholera Zapopan o Destilería del Golfo desea posicionarse a la vanguardia por ser la primera (en el país, en Veracruz y en Atoyac) y única planta independiente de generación de energía “sustentable” como el bioetanol, cogenerando energía y produciendo etanol hidratado todo esto a partir de la caña de azúcar. Diariamente la destilería del Golfo muele 2 mil 500 toneladas de caña produciendo 120 mil litros de alcohol diario. Esto significa que, si por un litro de alcohol se generan de doce a quince litros de vinaza, al multiplicar la producción diaria de 120 mil litros de alcohol por doce nos da la cantidad de un millón 440 mil litros de vinaza diarios. ¿Qué hace la empresa con toda la vinaza? Ha implementado un sistema de fertirriego donde por medio de pipas riegan la vinaza a los cultivos de caña sin ningún tratamiento previo. Las consecuencias que esto está ocasionando son la salinización de los suelos y su abandono. Además, sabemos que esta alcoholera sigue arrojando la vinaza directamente a los arroyos, al río Seco y al río Blanco.

Basureros a cielo abierto: En la región se ubican 2 basureros a cielo abierto que han sido instalados en la región sin nuestro consentimiento: uno en el municipio de Atoyac (cuenca alta) en el que los incendios son frecuentes y tardan de 8 a 10 días en apagarse. El otro basurero se ubica en el Municipio de Cuitláhuac (cuenca media). Estos basureros se conectan directamente con arroyos que se comunican con el río Atoyac, además de que los lixiviados se filtran directamente hacia los mantos acuíferos. También hemos observado el ecocidio de nuestro río en el Basurero de Cuitláhuac, pues la basura cae directamente a estos cuerpos de agua. Particularmente, este último, al menos recibe basura de municipios como Córdoba, Yanga, Carrillo Puerto y Cuitláhuac. Ambos reciben todo tipo de residuos. Por si esto fuera poco también existe un basurero clandestino en el municipio de Amatlán de los Reyes en la comunidad que se llama Xocamaco.

Granjas industriales avícolas y porcícolas: Hemos identificado 4 zonas principales donde se concentra esta actividad:

1) En la zona que abarca los municipios Chocamán-Córdoba, con un radio de ocupación de 8 km; 2) en el corredor industrial Córdoba-Peñuela, cuya zona radial de ocupación es de 2 a 3 km; 3) al norte del municipio de Amatlán de los Reyes, justo a 3 kilómetros del nacimiento del río Atoyac y 4) las granjas ubicadas entre el municipio de Cuitláhuac y Carrillo Puerto (cuenca media), donde las granjas porcinas principalmente tienen un rango de ocupación de 5 a 7 kilómetros.


Esta actividad ha ocasionado un grave deterioro en los arroyos y ríos de la región, estas empresas tienen distinta procedencia, son de capital nacional y extranjero. Sin embargo, también es claro que las granjas de Córdoba ocupan espacios a lo largo de la cuenca. No nos sentimos beneficiados por estas empresas, pues la gente que trabaja ahí, no es de las comunidades cercanas. Además de todo esto, tenemos que soportar los olores que generan estas granjas y el vertimiento directo del excremento a los arroyos y ríos de la cuenca.

A esta contaminación se agrega la contaminación por drenajes de las comunidades y las zonas urbanas, además de la descarga de desechos del sacrificio de animales en los rastros municipales.

Las descargas contaminantes que recibe el río aumentan conforme avanza hacia la región media de la cuenca. En los municipios de Carrillo Puerto y Cotaxtla, la contaminación de suelo y agua alcanza puntos críticos de concentración. En los últimos 15 años han aumentado drásticamente los casos de enfermedades crónico-degenerativas que destruyen la vida de numerosas familias de estos municipios.

En las 10 congregaciones de esta región se presentan casos de enfermedades renales. Actualmente se tienen contabilizados alrededor de 80 enfermos de insuficiencia renal, pero seguramente la cifra es mucho mayor. Recientemente se registró que únicamente en la unidad médica de la comunidad de Ameyales, se atienden 29 casos de insuficiencia renal, esa es solamente una de al menos 7 unidades médicas que existen en la región.

A pesar de que las enfermedades renales están directamente vinculadas a la contaminación del río, cuando se cuestiona a los sistemas de salud municipal sobre la problemática, ellos simplemente responden que las causas de muerte han sido el consumo de refrescos y comida chatarra o paros cardíacos. Asimismo mantienen ocultas las verdaderas cifras sobre los casos de enfermedades renales que se reportan.

Pero los habitantes sabemos muy bien que el agua que llega a esta región está contaminada por múltiples desechos industriales y de drenajes, principalmente por la vinaza vertida al río Atoyac por los ingenios y alcoholeras de cuenca arriba, en particular por la Alcoholera Zapopan.

Aunado a los problemas de salud entre la gente, la contaminación ha ocasionado también la muerte de peces y abortos en el ganado que bebe del río, además de daños irreparables a las tierras de cultivo de nuestras comunidades.

Por todo lo anterior, planteamos que si se concreta el proyecto Bandera Blanca, los niveles de concentración de contaminación y su impacto para la salud de los habitantes de esta región, se incrementarán dramáticamente y las consecuencias las pagaremos los habitantes de la cuenca del río Atoyac.

La contaminación de los ríos y las aguas: La zona baja de la cuenca corre por los municipios de Jamapa, Medellín y Boca del Río, donde el río Atoyac finalmente desemboca en el Golfo de México. Esta región ha sido absorbida por el desarrollo urbano del puerto de Veracruz, conformándose como zona metropolitana.
Cuando el río alcanza esta zona, carga ya con la contaminación que ha recibido a lo largo de la cuenca. Despidiendo olores fétidos y propiciando enfermedades de la piel y  gastrointestinales en aquellos puntos por donde corre a cielo abierto.
A pesar de existir proyectos y tramos de agua entubada, como el Dren B, el Canal de la Zamorana y el Canalizo, las aguas que finalmente desembocan al mar en el municipio de Boca del Río, son descargadas sin haber recibido tratamiento alguno.

Esta negligencia es responsabilidad de la prestadora de servicios denominada Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS), que supuestamente brinda servicio de agua potable y drenaje a los 3 municipios de la zona metropolitana: Veracruz, Medellín y Boca del Río. Pero debido a la mala gestión, a la complicidad que mantienen con industrias privadas, la exención de pagos y sanciones a sectores privilegiados, el aumento de costos a sectores populares y al desvío de los recursos públicos, no ejerce control alguno sobre el agua contaminada.

Relleno de lagunas y humedales: Al llegar a los municipios de la cuenca baja, las aguas de los ríos ya no pueden continuar con su cauce natural hacia las zonas de humedales, que cumplen la función de ser vasos reguladores naturales, o depósitos naturales de los escurrimientos.

Estas zonas, negligentemente han sido dadas a ejidatarios, aún cuando no son aptas para el cultivo.  Esta situación es aprovechada por inversionistas que las compran a los ejidatarios en precios que van de 20 a 60 centavos por metro cuadrado. La invasión de los humedales de Medellín y Boca del Río favorece procesos de especulación inmobiliaria y urbanización salvaje. Ya que estos terrenos son rellenados para convertirlos en desarrollos urbanos habitacionales, comerciales y turísticos.

Las aguas reclaman sus cauces y sus territorios aún en las zonas urbanas. Al rellenar las zonas de humedales y escurrimientos se pone en riesgo a las personas que harán uso de ellos. Ya que son zonas propensas a inundaciones. Prueba de ello son los casos en que fenómenos meteorológicos pasaron por la región dejando una estela de daños irreparables en el patrimonio y vidas de los habitantes: el caso más reciente es el huracán Ingrid, que azotó la región el pasado jueves 12 de septiembre de 2013; otro caso es el del huracán Fernando, que en agosto de este año dejó alrededor de 14 muertos.

Además de los asentamientos populares en zonas de alto riesgo, se han generado proyectos de desarrollos de lujo, especialmente en la zona conocida como la Riviera veracruzana, que implican un fuerte impacto ecológico para la región. Se están autorizando permisos de cambio de uso de suelo en zonas naturales protegidas o zonas que nosotros consideramos que así deberían de serlo. Los procesos de urbanización salvaje, agravada por la falta, desconocimiento o mal uso de la normatividad sobre desarrollos urbanos y comerciales en zonas de humedales y manglares.

Nosotros valoramos estas zonas como parte esencial de nuestro territorio y de nuestro patrimonio como pueblos. Por ello denunciamos la devastación de las zonas de manglares en el municipio de Boca del Río. Estos constituyen ecosistemas frágiles que cumplen una función importante en la regulación del ecosistema. Son zonas de riqueza en biodiversidad, de especies nativas y migratorias cuya existencia es puesta en riesgo.

Considerando que ninguno de los gobiernos municipales salientes ni entrantes, ni el gobierno del estado de Veracruz, a cargo de Javier Duarte de Ochoa, ni mucho menos el gobierno federal mexicano a cargo de Enrique Peña Nieto han hecho, ni piensan realizar ninguna acción concreta para remediar la emergencia ambiental y de salud que vivimos los pueblos de la cuenca del río Atoyac; denunciamos que los principales responsables de estos agravios son todas las autoridades municipales, estatales y federales que mediante leyes, normas, instituciones, planes y programas, políticas públicas, procedimientos judiciales e incluso acciones ilegales, han promovido históricamente los agravios que hoy denunciamos.

Señalamos particularmente a los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán de los Reyes encabezados por: Guillermo Rivas Díaz y Eduardo Rojas Camacho, respectivamente, por pretender implantar un proyecto con base en justificaciones falsas, a favor de las empresas privadas y clases altas y en detrimento de los derechos de los pueblos.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal representada por Juan José Guerra Abud y al estatal por Manuel Molina Martínez; por la aprobación del Proyecto Bandera Blanca, cuya Manifestación de Impacto Ambiental no da cuenta de las verdaderas implicaciones y riesgos a los cuales quedarán expuestas las comunidades de la cuenca del río Atoyac.

A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, representada por Francisco Moreno Merino y José Eduardo Silva Bolio, delegado estatal por respaldar tal decisión y por hacer caso omiso de las demandas de los pueblos.

A la Comisión Nacional del Agua por facilitar las malas gestiones de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, que durante el periodo de Pedro Montalvo, impulsó el proyecto Bandera Blanca y permitió los agravios mencionados que afectan principalmente el derecho de nuestros pueblos al acceso y cuidado del agua en nuestro territorio. Y que actualmente siguen cometiendo abusos y carecen de capacidad y voluntad para resolver definitivamente la crisis hídrica de todo el Estado de Veracruz.

A las empresas privadas que, en alianza con el gobierno, son los principales agentes contaminantes de esta región, especialmente a: Alcoholera Zapopan, Ingenio Potrero, Granjas Henry e Inmobiliaria Medellín.

Ante todos los agravios cometidos por el estado contra las comunidades de la cuenca del río Atoyac, acusamos que se nos han violentado nuestros derechos al acceso al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vivienda y la alimentación, todos los cuales están consagrados en la Constitución mexicana y los cuales viola el estado sistemáticamente en su búsqueda por el llamado “progreso y desarrollo”. Asimismo, acusamos al estado mexicano de violar los acuerdos internacionales a los que está adscrito en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la consulta libre previa e informada sobre los proyectos que afectan directamente a las comunidades como las nuestras; se ha violentado nuestro derecho de audiencia y libre determinación en cuanto al derecho que tenemos a preservar las condiciones fundamentales de nuestra vida como pueblos, en nuestro caso, nuestro derecho a defender y proteger la cuenca del río Atoyac como patrimonio de los pueblos de la cuenca.

Denunciamos enérgicamente que el estado mexicano, a través de todos los niveles de gobierno están tratando de confrontar nuestros derechos ya violentados con el derecho de abasto de agua potable de seis mil habitantes del municipio de Córdoba. Nosotros no negamos que esas seis mil personas tienen derecho al agua, pero sostenemos que existen muchas alternativas para satisfacer la necesidad de esos seis mil habitantes sin tener que despojarnos del nacimiento del río Atoyac. Por ejemplo, si tan sólo se repararan las fugas de agua de la infraestructura de la ciudad de Córdoba, podría abastecerse a una población equivalente a siete veces la de esta misma ciudad. Al mismo tiempo, si la industria que actualmente opera en la ciudad de Córdoba disminuyera su consumo tan sólo 0.1%, habría agua suficiente para abastecer a toda la población que, según los gobiernos estatal y municipal, aún no cuenta con acceso al agua. En otras palabras, queremos decir que el proyecto Bandera Blanca representaría una injusta condena de enfermedad y muerte para las comunidades de la cuenca del río Atoyac.

Por todo lo anterior, nuestras ponemos a consideración del comité dictaminador las siguientes exigencias:

- La condena al Estado mexicano, representado en este caso por los gobiernos federal, el gobierno estatal de Veracruz y los gobiernos municipales de la cuenca del río Atoyac, por el delito de desviación de poder, al negarnos el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos de la cuenca y pretender realizar un nuevo despojo de las aguas del nacimiento del río, con lo que nuestra salud y nuestra vida se pondrán en mayor riesgo. Este nuevo despojo significaría sólo un beneficio particular y una afectación general de los derechos de los pueblos de la Cuenca, por lo que, también demandamos:

- La cancelación inmediata, oficial y definitiva del proyecto Bandera Blanca.
- La búsqueda de una alternativa de solución social y ambientalmente viable para la crisis de abasto de agua potable de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que no implique el trasvase de las aguas del río Atoyac ni de ningún otro río. Sino que deberá contemplar la inversión pública en la reparación y mantenimiento de la infraestructura de distribución de agua potable y saneamiento de las aguas residuales de la ciudad.
- La elaboración de un proyecto hídrico-forestal integral de la cuenca del Atoyac.
- La búsqueda de una solución social y ambientalmente viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas en toda la cuenca del río Atoyac.
- El desarrollo de un proyecto de saneamiento integral y restauración de la cuenca del río Seco, promovido por el ayuntamiento de Córdoba, que contemple una estricta vigilancia y regulación de la industria y sanciones severas a las empresas que descarguen aguas residuales sin tratamiento en su cauce.
- La elaboración y cumplimiento de una regulación más estricta de la industria azucarera, alcoholera y cafetalera que opera en la región, con el fin de que instalen infraestructura y dispositivos para el adecuado tratamiento de sus residuos, especialmente la vinaza desechada por las alcoholeras, que actualmente es vertida en arroyos, ríos y tierras de cultivo sin tratamiento alguno.
- La clausura y reparación de daños de los basureros de Cuitláhuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; así como la formulación de una nueva política para el manejo de los residuos sólidos urbanos tendiente a su disminución.
- La clausura inmediata de numerosas instalaciones de cría y engorda de ganado aviar, porcino y bovino que operan en la región que vierten sus residuos al río Atoyac.
- El control de las operaciones de los rastros municipales y privados que arrojan desechos biológicos en los cauces de los ríos Atoyac y Seco.
- Programas de apoyo a los productores de caña y limón persa de la región con el fin de que puedan abandonar el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos.
- La realización de estudios epidemiológicos, de salud y  ambientales independientes, exhaustivos y participativos, en los municipios de la cuenca, financiados por el gobierno del estado de Veracruz, que permitan identificar todas las fuentes de contaminación ambiental en la región y sus vínculos con la incidencia de enfermedades renales, respiratorias, dermatológicas y de otro tipo que están afectando a la población.
- La aplicación de una política integral de prevención y atención de enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental, especialmente la hídrica.
- Freno a la construcción de más proyectos inmobiliarios sobre las zonas de humedales en Medellín y Boca del Río.
- Castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción al intentar imponer el proyecto Bandera Blanca.
- El compromiso público y oficial del gobierno de Veracruz de que nunca más se impondrá ningún proyecto sin consulta libre, previa e informada a nuestras comunidades.
- Que se detengan todos los actos de intimidación, amenazas y división en nuestras comunidades. Responsabilizamos a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, por cualquier daño al patrimonio, a la seguridad, a la libertad y/o a la vida de los integrantes de la Coordinadora y habitantes de la cuenca que defendemos nuestro río.



martes, 15 de enero de 2019

Celebrando el día mundial del Medio Ambiente

COORDINADORA DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA DEL RÍO ATOYAC CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE














¡EL AGUA NO SE VENDE SE AMA Y SE DEFIENDE!
¡FUERA EMPRESAS CONTAMINANTES DEL RÍO ATOYAC!

sábado, 6 de diciembre de 2014

Participación de la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac en el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México


¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuál es su origen?

El origen del TPP surge de la experiencia del Tribunal Russell, que juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica. Es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, con sede en Roma, que se constituye formalmente en 1979 teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del Proceso de Nüremberg, los acuerdos de la ONU y la carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

El TPP tiene como propósito examinar las causas de violación a los derechos fundamentales de los pueblos, denunciar ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones y promover el respeto universal y efectivo de los derechos de los pueblos. Así como acompañar y respaldar las distintas luchas contra las violaciones de los derechos fundamentales, contra la negación de los derechos a la autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente.

¿Porqué un capítulo México?

Actualmente, en el mundo se viven múltiples crisis (principalmente política, económica y financiera) que han permitido que el poder modifique sus formas de control y dominación sobre los territorios. Se trata de nuevas formas para oprimir y explotar a los pueblos. En México, a partir de la apertura comercial de los años 80s se vislumbraban transformaciones en la economía nacional que más que beneficiar a sus pueblos los perjudicaría. Fue hasta la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994 que se desvió el poder económico y político para beneficiar a las empresas de estos países poniendo a su beneficio el territorio nacional. Con el TPP nos hemos dado cuenta que el principal mecanismo para que esto se hiciera posible fue a través de la desregulación, lo cual significa que las leyes han sido modificadas para favorecer y/o agilizar la operación eficiente del mercado-capital.

México es el país que cuenta con más Tratados de Libre Comercio en el mundo[1], esto nos conduce a preguntarnos ¿frente a este panorama, como los pueblos viven y enfrentan la apertura comercial, la intervención de empresas extranjeras y nacionales (muchas veces coludidas con el crimen organizado), la desviación y desregulación política, económica, financiera y judicial?

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México surge de la necesidad de visibilizar la situación de violencia estructural que se vive en el país. De ahí que se realizaran 10 ejes temáticos: 1) Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia 2) Represión contra los movimientos sociales 3) Feminicidio y violencia de género 4) Violencia contra los trabajadores 5) Migración, refugio y desplazamiento forzado 6) Devastación ambiental y derechos de los pueblos 7) Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria, la autonomía y derechos de los pueblos 8) Violencia contra la educación 9) Destrucción de la juventud y generaciones futuras 10) Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.

¿Por qué es importante Atoyac en el Tribunal Permanente de los Pueblos?

Uno de los ejes temáticos de gran impacto ha sido el de “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” que se organizó en diversas preaudiencias sobre urbanización salvaje, agua, agroquímicos, basura, minería, represas, industria petrolera. La Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac participó con la preaudiencia “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz” los días 26 y 27 de octubre del año 2013 en Cuitláhuac, Veracruz. Aquí se hablo de la gravedad por la que atraviesa la cuenca del río Atoyac, empezando por la deforestación en la cuenca alta, contaminación de su caudal, basureros a cielo abierto, contaminación de alcoholeras e ingenios azucareros, utilización intensiva de agroquímicos para mantener el cultivo de caña de azúcar[2] y de limón persa, granjas porcinas y avícolas y recientemente tenemos la amenaza del proyecto denominado Bandera Blanca proyecto que pretende despojarnos del vital líquido, a partir de su nacimiento en Ojo de Agua Grande, municipio de Amatlán de los Reyes para llevarla a la industria y a un campo de Golf en Córdoba. Lo anterior, ocasionaría una reducción en el nivel del caudal incrementando los niveles de contaminación. Otro de los temas de gran importancia que amenazan a los pueblos de la cuenca del río Atoyac es la constante aparición de enfermedades y muertes ocasionadas por la Insuficiencia Renal Crónica, vemos que por ejemplo en la localidad de Ameyeles del municipio de Carrillo Puerto jóvenes y niños han padecido esta enfermedad y se presentan 30 casos de cáncer en una población de aproximadamente 300 habitantes.

Debido a la situación que viven los pueblos de la cuenca del río Atoyac, creemos que también es importante señalar que los jóvenes se encuentran en peligro. De ahí que también participamos en la Audiencia sobre “Destrucción de la juventud y generaciones futuras” que se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre 2014, señalando todas las violaciones a derechos, de los cuales hemos sido víctimas, aquí también acusamos al Estado en sus distintos niveles de gobierno.

Vemos que ha sido importante participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos ya que nos ha permitido visibilizarnos con compañeros que padecen problemas similares (dándonos a conocer y conocer a los otros), visibilizarnos al interior y al exterior de nuestros espacios inmediatos, solidarizarnos con compañeros y compañeras que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad no sólo de tipo ambiental, sino con cualquier violación a derechos que existe en el país. También ha servido como plataforma para expresar la violación sistemática que viven nuestros pueblos en Atoyac y en otras partes del país. El TPP ha servido como respaldo y acompañamiento de las luchas que día a día la población ha tenido que enfrentar, frente a la amenaza del capital y de la falta de un Estado que defienda los derechos de los pueblos. Pero sobretodo, ha servido para decir a nivel local, regional, nacional e internacional que  no es cierto que en México no pasa nada, en México pasa todo, ocurren desapariciones, feminicidios, impunidad, devastación ambiental, corrupción, crimen, desinformación, censura, etc.  

¿Cuál fue el resultado final?

Después de 4 años de trabajo los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre 2014 se llevó a cabo la audiencia final del TPP con jurados internacionales, que sobretodo han señalado y acusado a las empresas extranjeras y nacionales, a los países que intervienen en nuestro país, a las instituciones nacionales en sus distintos niveles de gobierno como las principales responsables de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México se encargará de llevar todas las voces de violencia a distintas instancias de gobierno mexicano para que actúen en consecuencia de sus competencias, facultades y atribuciones y a organismos internacionales como la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así como, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, al presidente de la Suprema corte de Justicia, a los Gobiernos de los Estatus miembros Comisión y Parlamento de la Unión Europea.

El principal mensaje es de solidaridad, el TPP no atiende problemas particulares. Sin embargo, su tarea es llevar la voz de todos nuestros pueblos a escala internacional, lo que queda por parte de nosotros es la fortaleza social, se trata de construir en diferentes niveles, teniendo presente que la lucha es nacional y que necesitamos reforzar los lazos entre las organizaciones. Con esto también queremos decir que Atoyac no es un hecho aislado ya que es parte de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas contra el pueblo mexicano.

“¡sigamos unidos, lo necesitamos, nos necesitamos!”

Ver más información:
 http://www.tppmexico.org/ y https://www.facebook.com/coordinadora.rioatoyac





[1] 14 tratados de libre comercio con 42 países en tres continentes, entre los que se incluyen gran parte de los países industrializados, un acuerdo marco con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y  seis  acuerdos  de  alcance  limitado  con  países  sudamericanos  y  Panamá.  En  materia  de tratados bilaterales de inversión también se han negociado 28 acuerdos.
[2] Sabemos que la producción de caña de azúcar es una actividad muy importante para la región, pues de aquí se mantienen miles de familias. Sin embargo, hemos hecho hincapié en que esta actividad durante años ha significado una forma más de explotación hacia los pueblos de la cuenca del Atoyac. Surge violación a los derechos cuando cada vez el pago por sembrar caña es menor, cuando tenemos que utilizar más agroquímicos y con mayor peligrosidad, agroquímicos que en otros países son prohibidos pero que en México se utilizan y no tienen ni regulación ni vigilancia.