Honorables miembros del Comité Dictaminador:
Quienes suscribimos esta acusación somos los pueblos y comunidades de la cuenca del río Atoyac, que habitamos los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín y Boca del Río en el estado de Veracruz.
Somos habitantes de un territorio naturalmente privilegiado, en el cual nuestras comunidades, nuestras tierras y nuestras aguas han sido generosas para todos. En la región centro del estado de Veracruz nace la cuenca del río Atoyac que es una de las cuencas que se favorece de los deshielos del Pico de Orizaba y es parte de los ríos más caudalosos de esta entidad, además del Río Jamapa y el Río Blanco.
Gracias al cuidado que nuestras comunidades han hecho de los ríos del centro de Veracruz, pudieron instalarse desde hace un siglo y medio empresas de casi todos los ramos industriales y también pudieron crecer la industria azucarera, la del café, la de producción frutícola y el comercio con el resto de México y el mundo entero. Sin embargo, muchos de nuestros esfuerzos por conservar los ríos, su flora y fauna han resultado infructuosos porque los gobiernos locales y estatales sólo han trabajado para beneficiarse ellos mismos y a unos cuantos grupos de poder local y trasnacional.
Ante una serie de amenazas y agravios que dañan nuestro entorno y atentan contra nuestros derechos como pueblos, nos hemos unido para frenar los intentos de los gobiernos municipales, el gobierno del estado de Veracruz y el gobierno federal, en alianza con intereses privados. Es por ello que desde 2012 constituimos la Coordinadora de Pueblos en Defensa del río Atoyac, en la que convergen múltiples organizaciones y luchas históricas de nuestra región, conformando un frente común regional contra estas graves amenazas.
Aún estamos a tiempo de salvar al río Atoyac, como un río vivo. Pero si se materializa el despojo de nuestra última reserva de agua limpia, los habitantes de las comunidades de todos los municipios que recorre la cuenca del río Atoyac, estaremos en una situación sin precedente de riesgo y deterioro ambiental, de nuestra salud y nuestra vida.
Unidos como Coordinadora, denunciamos ante ustedes una serie de múltiples agravios que nos afectan desde hace décadas, que el Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, mediante leyes, normas, instituciones, planes y programas, políticas públicas, procedimientos judiciales e incluso acciones ilegales se relacionan profundamente entre sí, de forma compleja y adquieren matices diferentes a lo largo de la cuenca:
En el nacimiento del río Atoyac, en el municipio de Amatlán de los Reyes y en la zona misma del Pico de Orizaba, hemos padecido la deforestación salvaje de los cerros y los bosques que sirven como fuente de recarga al río; sufriendo también la pérdida de biodiversidad de flora y fauna que esta actividad acarrea, junto con la caza ilegal de especies nativas.
Esta zona también es blanco del saqueo indiscriminado de materiales pétreos de los lechos de los ríos Atoyac, Seco y Tizapa y la explotación de las minas de piedra en Santa Ana. Estas actividades ocasionan taponamientos que afectan al nacimiento del río. Estos taponamientos, aunados a la deforestación, han generado que en los últimos 10 años, haya descendido 50% el nivel de la pequeña laguna que se forma en torno al manantial. De seguir así, se ocasionaría la pérdida del bosque, posiblemente la extinción del río y la afectación de toda la región cuenca abajo.
Encima de esto, recientemente se iniciaron obras del proyecto nombrado “Sistema múltiple de abastecimiento de agua potable Bandera Blanca” que consiste en la extracción de las aguas del manantial para bombearlas hacia la ciudad de Córdoba, con el supuesto propósito de abastecer de agua a 6 mil personas que, según el gobierno, aún no cuentan con abasto regular. Así, este proyecto encubre el despojo del agua del nacimiento como un proyecto que supuestamente beneficiaría a sectores populares de la ciudad de Córdoba.
Las obras de extracción de agua se realizan sin haber consultado a la población ni a los productores agrícolas de la región. Afirmamos que dicho proyecto no ha sido diseñado para abastecer de agua a los ciudadanos pobres de la ciudad de Córdoba, sino para saciar la sed de ganancias rápidas de la industria y de los poderosos, quienes siempre transfieren los costos sociales y ambientales de sus negocios privados a nuestros pueblos.
El proyecto Bandera Blanca se sumaría a las más de 240 concesiones para extracción de agua subterránea que ya posee el ayuntamiento de Córdoba, por las que extrae más de 400 millones de metros cúbicos anualmente, según datos de la propia Comisión Nacional del Agua, así como a las concesiones que el ayuntamiento de Córdoba tiene para extraer agua del río Ocotitlán, en Ixhuatlán del Café, de donde extrae 147 millones de metros cúbicos anualmente. El proyecto Bandera Blanca representa también una extracción adicional de agua para la ciudad de Córdoba que obtiene agua de la laguna de Nogales, a razón de 9.5 millones de metros cúbicos anuales (que además no paga). En total, el ayuntamiento de Córdoba extrae, para consumo doméstico e industrial, más de 556 millones de metros cúbicos de agua anualmente, lo cual significaría que, si un habitante promedio de México consume 270 litros por día, el ayuntamiento de Córdoba podría abastecer a una población de alrededor de 6 millones de personas. Con una población de alrededor de 200 mil habitantes, cada uno de los habitantes de la ciudad de Córdoba tiene disponibles en teoría, 2 mil metros cúbicos por habitante al año en promedio, que significarían un consumo de casi 5 mil 500 litros por habitante al día.
Ante estos datos preguntamos: ¿Cómo es posible que las autoridades municipales, estatales y la federal afirmen que la ciudad de Córdoba carece de agua? ¿Qué han hecho las autoridades para resolver los problemas de dispendio y falta de mantenimiento de la infraestructura hídrica de Córdoba? ¿Por qué despojar a los pueblos de la cuenca del Atoyac de la única fuente de agua limpia que nos queda? ¿Por qué violentar nuestro derecho para simular que se salvaguarda el de los habitantes cordobeses?
El trasvase del nacimiento del río Atoyac hacia la ciudad de Córdoba constituye un nuevo despojo de las aguas de la región porque ya han sido devastadas las cuencas del río Seco y del río Blanco por la contaminación generada por las ciudades de Córdoba y Orizaba, respectivamente, y ocasionaría, además de la pérdida irreversible del cauce del río, una elevación en la carga contaminante de los agroquímicos utilizados en la siembra de caña de azúcar y limón persa; de los desechos de las granjas y demás industrias que ya están provocando graves afectaciones a la salud de la población en los municipios de cuenca abajo.
¿Por qué no se sanciona a las empresas que destruyeron la vida en el río Seco y a las autoridades que toleraron su contaminación, que nosotros pagamos con nuestra salud?
En los medios de comunicación afines al gobierno se nos ha calificado de egoístas por no querer compartir el agua con los habitantes de Córdoba, pero no entienden que no sólo estamos preocupados por esta región, estamos pensando también en la gente que vive río abajo. En el nacimiento del Atoyac el agua aún es pura, pero dos kilómetros abajo, el río comienza a recibir descargas industriales de los ingenios, las alcoholeras, las granjas industriales de pollos y cerdos, el rastro municipal de Atoyac y los lixiviados de los basureros a cielo abierto de Atoyac y Cuitláhuac, así como descargas de aguas residuales municipales. ¿Qué va a pasar con las comunidades de río abajo si dejamos que se saque agua del río?
A partir de esta zona, la cuenca sufre afectaciones por múltiples problemáticas:
Agroindustria azucarera: La región hidrológica del Papaloapan y la
cuenca del río Atoyac conforman la región más importante para la agroindustria
azucarera. A esta región se le conoce como el Corredor de Oro Papaloapan-Córdoba. De los 22 ingenios azucareros del estado, 9 se encuentran entre las subcuencas de los ríos Blanco y Atoyac y en estas últimas se ubican los ingenios: El Potrero (municipio de Atoyac) y Central Progreso (municipio Paso del Macho).
Ingenios azucareros: Para la producción de azúcar y alcohol de caña, se requiere del consumo de enormes cantidades de agua, que superan el millón de metros cúbicos por día y de energía, que proviene principalmente de la combustión (generalmente ineficiente) del bagazo y de combustibles fósiles de baja calidad (con altos contenidos de azufre). En la fabricación de azúcar se desechan las aguas que provienen del lavado de la caña, de la clarificación del jugo conocidas como cachazas, de la limpieza de los evaporadores, calentadores y purgas de calderas, de los sistemas de enfriamiento y de los servicios sanitarios.
Contaminación por agroquímicos: En la cuenca del río Atoyac, los canales de riego y los pozos de agua potable y de uso doméstico, reciben cada año enormes cantidades de plaguicidas que son transportados por el agua que escurre en la superficie de los terrenos o por el flujo sub-superficial a través del suelo, estos plaguicidas contienen sustancias altamente tóxicas, como 2,4-D, Glifosato, Ametrina, Benomil y Paraquat que son producidos en su mayoría por empresas trasnacionales como DuPont, BASF, Dow Chemical, Monsanto y Syngenta. Entre las preparaciones comerciales más usadas encontramos herbicidas como Herbidex, Herbicol, Hierbamina, Cañex, Caña-d, FAENA, Glifo, Noble, y Diurón (todos ellos utilizados en el cultivo de la caña), insecticidas como Foley Rey (con el que se combate a la araña, el gusano y la conchilla en los cultivos de frijol, maíz y chile) y Lucadrín usado para combatir al gusano barrenador de la caña, una plaga que debido al monocultivo y a la aplicación frecuente de plaguicidas, se ha vuelto recurrente y resistente.
Sólo por mencionar algunos de los daños en la salud causados por los pesticidas mencionados, encontramos irritación e inflamación de los ojos, visión borrosa, ardor y comezón en la piel, salpullido, náuseas, asma, dificultad para respirar, sangrado nasal, mareo, daños al páncreas, daños al riñón, infertilidad, fibrosis pulmonar, etc.
En México —como en muchos de los países en los que son utilizadas enormes cantidades de plaguicidas en los campos, potreros y calles—, la legislación en torno a la seguridad y salud ocupacional es débil o inexistente, además de que las autoridades de todos los órdenes de gobierno que debieran regular su uso no proporcionan ni la información ni la protección necesaria a los campesinos, tampoco existen servicios de salud especializados para el tratamiento de las enfermedades y daños crónicos causados por esos venenos.
El Estado tiene la responsabilidad de regular el uso y la venta de agroquímicos altamente nocivos para la salud y el ambiente, así como de responder por los daños que estos generan. En la cuenca del río Atoyac, estos agroquímicos son utilizados principalmente para mantener el monocultivo de caña de azúcar. Sin embargo, los propios cañeros estamos viviendo una situación crítica, pues ni siquiera en términos económicos estamos viendo resultados positivos, ya que las últimas zafras no han sido bien pagadas y nos vemos obligados a comprar agroquímicos más baratos y más dañinos.
Alcoholeras y contaminación por vinazas: En la cuenca del río Atoyac, existen tres destilerías: Alcoholera Cañalcohol, en el municipio de Chocamán (cuenca alta), la Alcoholera Zapopan en el municipio de Atoyac (cuenca alta-media) y la alcoholera de Palma Sola en el municipio de Cuitláhuac. La industria alcoholera es la que más ha afectado la cuenca, pues de las aguas residuales más contaminantes provenientes de los complejos azucareros/alcoholeros, las que son más contaminantes por su concentración de material orgánico biodegradable y no biodegradable son las vinazas, que se producen en una proporción de 12 a 15 litros por cada litro de alcohol destilado.
En este caso, la Alcoholera Zapopan o Destilería del Golfo desea posicionarse a la vanguardia por ser la primera (en el país, en Veracruz y en Atoyac) y única planta independiente de generación de energía “sustentable” como el bioetanol, cogenerando energía y produciendo etanol hidratado todo esto a partir de la caña de azúcar. Diariamente la destilería del Golfo muele 2 mil 500 toneladas de caña produciendo 120 mil litros de alcohol diario. Esto significa que, si por un litro de alcohol se generan de doce a quince litros de vinaza, al multiplicar la producción diaria de 120 mil litros de alcohol por doce nos da la cantidad de un millón 440 mil litros de vinaza diarios. ¿Qué hace la empresa con toda la vinaza? Ha implementado un sistema de fertirriego donde por medio de pipas riegan la vinaza a los cultivos de caña sin ningún tratamiento previo. Las consecuencias que esto está ocasionando son la salinización de los suelos y su abandono. Además, sabemos que esta alcoholera sigue arrojando la vinaza directamente a los arroyos, al río Seco y al río Blanco.
Basureros a cielo abierto: En la región se ubican 2 basureros a cielo abierto que han sido instalados en la región sin nuestro consentimiento: uno en el municipio de Atoyac (cuenca alta) en el que los incendios son frecuentes y tardan de 8 a 10 días en apagarse. El otro basurero se ubica en el Municipio de Cuitláhuac (cuenca media). Estos basureros se conectan directamente con arroyos que se comunican con el río Atoyac, además de que los lixiviados se filtran directamente hacia los mantos acuíferos. También hemos observado el ecocidio de nuestro río en el Basurero de Cuitláhuac, pues la basura cae directamente a estos cuerpos de agua. Particularmente, este último, al menos recibe basura de municipios como Córdoba, Yanga, Carrillo Puerto y Cuitláhuac. Ambos reciben todo tipo de residuos. Por si esto fuera poco también existe un basurero clandestino en el municipio de Amatlán de los Reyes en la comunidad que se llama Xocamaco.
Granjas industriales avícolas y porcícolas: Hemos identificado 4 zonas principales donde se concentra esta actividad:
1) En la zona que abarca los municipios Chocamán-Córdoba, con un radio de ocupación de 8 km; 2) en el corredor industrial Córdoba-Peñuela, cuya zona radial de ocupación es de 2 a 3 km; 3) al norte del municipio de Amatlán de los Reyes, justo a 3 kilómetros del nacimiento del río Atoyac y 4) las granjas ubicadas entre el municipio de Cuitláhuac y Carrillo Puerto (cuenca media), donde las granjas porcinas principalmente tienen un rango de ocupación de 5 a 7 kilómetros.
Esta actividad ha ocasionado un grave deterioro en los arroyos y ríos de la región, estas empresas tienen distinta procedencia, son de capital nacional y extranjero. Sin embargo, también es claro que las granjas de Córdoba ocupan espacios a lo largo de la cuenca. No nos sentimos beneficiados por estas empresas, pues la gente que trabaja ahí, no es de las comunidades cercanas. Además de todo esto, tenemos que soportar los olores que generan estas granjas y el vertimiento directo del excremento a los arroyos y ríos de la cuenca.
A esta contaminación se agrega la contaminación por drenajes de las comunidades y las zonas urbanas, además de la descarga de desechos del sacrificio de animales en los rastros municipales.
Las descargas contaminantes que recibe el río aumentan conforme avanza hacia la región media de la cuenca. En los municipios de Carrillo Puerto y Cotaxtla, la contaminación de suelo y agua alcanza puntos críticos de concentración. En los últimos 15 años han aumentado drásticamente los casos de enfermedades crónico-degenerativas que destruyen la vida de numerosas familias de estos municipios.
En las 10 congregaciones de esta región se presentan casos de enfermedades renales. Actualmente se tienen contabilizados alrededor de 80 enfermos de insuficiencia renal, pero seguramente la cifra es mucho mayor. Recientemente se registró que únicamente en la unidad médica de la comunidad de Ameyales, se atienden 29 casos de insuficiencia renal, esa es solamente una de al menos 7 unidades médicas que existen en la región.
A pesar de que las enfermedades renales están directamente vinculadas a la contaminación del río, cuando se cuestiona a los sistemas de salud municipal sobre la problemática, ellos simplemente responden que las causas de muerte han sido el consumo de refrescos y comida chatarra o paros cardíacos. Asimismo mantienen ocultas las verdaderas cifras sobre los casos de enfermedades renales que se reportan.
Pero los habitantes sabemos muy bien que el agua que llega a esta región está contaminada por múltiples desechos industriales y de drenajes, principalmente por la vinaza vertida al río Atoyac por los ingenios y alcoholeras de cuenca arriba, en particular por la Alcoholera Zapopan.
Aunado a los problemas de salud entre la gente, la contaminación ha ocasionado también la muerte de peces y abortos en el ganado que bebe del río, además de daños irreparables a las tierras de cultivo de nuestras comunidades.
Por todo lo anterior, planteamos que si se concreta el proyecto Bandera Blanca, los niveles de concentración de contaminación y su impacto para la salud de los habitantes de esta región, se incrementarán dramáticamente y las consecuencias las pagaremos los habitantes de la cuenca del río Atoyac.
La contaminación de los ríos y las aguas: La zona baja de la cuenca corre por los municipios de Jamapa, Medellín y Boca del Río, donde el río Atoyac finalmente desemboca en el Golfo de México. Esta región ha sido absorbida por el desarrollo urbano del puerto de Veracruz, conformándose como zona metropolitana.
Cuando el río alcanza esta zona, carga ya con la contaminación que ha recibido a lo largo de la cuenca. Despidiendo olores fétidos y propiciando enfermedades de la piel y gastrointestinales en aquellos puntos por donde corre a cielo abierto.
A pesar de existir proyectos y tramos de agua entubada, como el Dren B, el Canal de la Zamorana y el Canalizo, las aguas que finalmente desembocan al mar en el municipio de Boca del Río, son descargadas sin haber recibido tratamiento alguno.
Esta negligencia es responsabilidad de la prestadora de servicios denominada Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS), que supuestamente brinda servicio de agua potable y drenaje a los 3 municipios de la zona metropolitana: Veracruz, Medellín y Boca del Río. Pero debido a la mala gestión, a la complicidad que mantienen con industrias privadas, la exención de pagos y sanciones a sectores privilegiados, el aumento de costos a sectores populares y al desvío de los recursos públicos, no ejerce control alguno sobre el agua contaminada.
Relleno de lagunas y humedales: Al llegar a los municipios de la cuenca baja, las aguas de los ríos ya no pueden continuar con su cauce natural hacia las zonas de humedales, que cumplen la función de ser vasos reguladores naturales, o depósitos naturales de los escurrimientos.
Estas zonas, negligentemente han sido dadas a ejidatarios, aún cuando no son aptas para el cultivo. Esta situación es aprovechada por inversionistas que las compran a los ejidatarios en precios que van de 20 a 60 centavos por metro cuadrado. La invasión de los humedales de Medellín y Boca del Río favorece procesos de especulación inmobiliaria y urbanización salvaje. Ya que estos terrenos son rellenados para convertirlos en desarrollos urbanos habitacionales, comerciales y turísticos.
Las aguas reclaman sus cauces y sus territorios aún en las zonas urbanas. Al rellenar las zonas de humedales y escurrimientos se pone en riesgo a las personas que harán uso de ellos. Ya que son zonas propensas a inundaciones. Prueba de ello son los casos en que fenómenos meteorológicos pasaron por la región dejando una estela de daños irreparables en el patrimonio y vidas de los habitantes: el caso más reciente es el huracán Ingrid, que azotó la región el pasado jueves 12 de septiembre de 2013; otro caso es el del huracán Fernando, que en agosto de este año dejó alrededor de 14 muertos.
Además de los asentamientos populares en zonas de alto riesgo, se han generado proyectos de desarrollos de lujo, especialmente en la zona conocida como la Riviera veracruzana, que implican un fuerte impacto ecológico para la región. Se están autorizando permisos de cambio de uso de suelo en zonas naturales protegidas o zonas que nosotros consideramos que así deberían de serlo. Los procesos de urbanización salvaje, agravada por la falta, desconocimiento o mal uso de la normatividad sobre desarrollos urbanos y comerciales en zonas de humedales y manglares.
Nosotros valoramos estas zonas como parte esencial de nuestro territorio y de nuestro patrimonio como pueblos. Por ello denunciamos la devastación de las zonas de manglares en el municipio de Boca del Río. Estos constituyen ecosistemas frágiles que cumplen una función importante en la regulación del ecosistema. Son zonas de riqueza en biodiversidad, de especies nativas y migratorias cuya existencia es puesta en riesgo.
Considerando que ninguno de los gobiernos municipales salientes ni entrantes, ni el gobierno del estado de Veracruz, a cargo de Javier Duarte de Ochoa, ni mucho menos el gobierno federal mexicano a cargo de Enrique Peña Nieto han hecho, ni piensan realizar ninguna acción concreta para remediar la emergencia ambiental y de salud que vivimos los pueblos de la cuenca del río Atoyac; denunciamos que los principales responsables de estos agravios son todas las autoridades municipales, estatales y federales que mediante leyes, normas, instituciones, planes y programas, políticas públicas, procedimientos judiciales e incluso acciones ilegales, han promovido históricamente los agravios que hoy denunciamos.
Señalamos particularmente a los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán de los Reyes encabezados por: Guillermo Rivas Díaz y Eduardo Rojas Camacho, respectivamente, por pretender implantar un proyecto con base en justificaciones falsas, a favor de las empresas privadas y clases altas y en detrimento de los derechos de los pueblos.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal representada por Juan José Guerra Abud y al estatal por Manuel Molina Martínez; por la aprobación del Proyecto Bandera Blanca, cuya Manifestación de Impacto Ambiental no da cuenta de las verdaderas implicaciones y riesgos a los cuales quedarán expuestas las comunidades de la cuenca del río Atoyac.
A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, representada por Francisco Moreno Merino y José Eduardo Silva Bolio, delegado estatal por respaldar tal decisión y por hacer caso omiso de las demandas de los pueblos.
A la Comisión Nacional del Agua por facilitar las malas gestiones de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, que durante el periodo de Pedro Montalvo, impulsó el proyecto Bandera Blanca y permitió los agravios mencionados que afectan principalmente el derecho de nuestros pueblos al acceso y cuidado del agua en nuestro territorio. Y que actualmente siguen cometiendo abusos y carecen de capacidad y voluntad para resolver definitivamente la crisis hídrica de todo el Estado de Veracruz.
A las empresas privadas que, en alianza con el gobierno, son los principales agentes contaminantes de esta región, especialmente a: Alcoholera Zapopan, Ingenio Potrero, Granjas Henry e Inmobiliaria Medellín.
Ante todos los agravios cometidos por el estado contra las comunidades de la cuenca del río Atoyac, acusamos que se nos han violentado nuestros derechos al acceso al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, a la vivienda y la alimentación, todos los cuales están consagrados en la Constitución mexicana y los cuales viola el estado sistemáticamente en su búsqueda por el llamado “progreso y desarrollo”. Asimismo, acusamos al estado mexicano de violar los acuerdos internacionales a los que está adscrito en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la consulta libre previa e informada sobre los proyectos que afectan directamente a las comunidades como las nuestras; se ha violentado nuestro derecho de audiencia y libre determinación en cuanto al derecho que tenemos a preservar las condiciones fundamentales de nuestra vida como pueblos, en nuestro caso, nuestro derecho a defender y proteger la cuenca del río Atoyac como patrimonio de los pueblos de la cuenca.
Denunciamos enérgicamente que el estado mexicano, a través de todos los niveles de gobierno están tratando de confrontar nuestros derechos ya violentados con el derecho de abasto de agua potable de seis mil habitantes del municipio de Córdoba. Nosotros no negamos que esas seis mil personas tienen derecho al agua, pero sostenemos que existen muchas alternativas para satisfacer la necesidad de esos seis mil habitantes sin tener que despojarnos del nacimiento del río Atoyac. Por ejemplo, si tan sólo se repararan las fugas de agua de la infraestructura de la ciudad de Córdoba, podría abastecerse a una población equivalente a siete veces la de esta misma ciudad. Al mismo tiempo, si la industria que actualmente opera en la ciudad de Córdoba disminuyera su consumo tan sólo 0.1%, habría agua suficiente para abastecer a toda la población que, según los gobiernos estatal y municipal, aún no cuenta con acceso al agua. En otras palabras, queremos decir que el proyecto Bandera Blanca representaría una injusta condena de enfermedad y muerte para las comunidades de la cuenca del río Atoyac.
Por todo lo anterior, nuestras ponemos a consideración del comité dictaminador las siguientes exigencias:
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La condena al Estado mexicano, representado en este caso por los gobiernos federal, el gobierno estatal de Veracruz y los gobiernos municipales de la cuenca del río Atoyac, por el delito de desviación de poder, al negarnos el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos de la cuenca y pretender realizar un nuevo despojo de las aguas del nacimiento del río, con lo que nuestra salud y nuestra vida se pondrán en mayor riesgo. Este nuevo despojo significaría sólo un beneficio particular y una afectación general de los derechos de los pueblos de la Cuenca, por lo que, también demandamos:
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La cancelación inmediata, oficial y definitiva del proyecto Bandera Blanca.
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La búsqueda de una alternativa de solución social y ambientalmente viable para la crisis de abasto de agua potable de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que no implique el trasvase de las aguas del río Atoyac ni de ningún otro río. Sino que deberá contemplar la inversión pública en la reparación y mantenimiento de la infraestructura de distribución de agua potable y saneamiento de las aguas residuales de la ciudad.
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La elaboración de un proyecto hídrico-forestal integral de la cuenca del Atoyac.
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La búsqueda de una solución social y ambientalmente viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas en toda la cuenca del río Atoyac.
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El desarrollo de un proyecto de saneamiento integral y restauración de la cuenca del río Seco, promovido por el ayuntamiento de Córdoba, que contemple una estricta vigilancia y regulación de la industria y sanciones severas a las empresas que descarguen aguas residuales sin tratamiento en su cauce.
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La elaboración y cumplimiento de una regulación más estricta de la industria azucarera, alcoholera y cafetalera que opera en la región, con el fin de que instalen infraestructura y dispositivos para el adecuado tratamiento de sus residuos, especialmente la vinaza desechada por las alcoholeras, que actualmente es vertida en arroyos, ríos y tierras de cultivo sin tratamiento alguno.
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La clausura y reparación de daños de los basureros de Cuitláhuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; así como la formulación de una nueva política para el manejo de los residuos sólidos urbanos tendiente a su disminución.
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La clausura inmediata de numerosas instalaciones de cría y engorda de ganado aviar, porcino y bovino que operan en la región que vierten sus residuos al río Atoyac.
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El control de las operaciones de los rastros municipales y privados que arrojan desechos biológicos en los cauces de los ríos Atoyac y Seco.
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Programas de apoyo a los productores de caña y limón persa de la región con el fin de que puedan abandonar el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos.
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La realización de estudios epidemiológicos, de salud y ambientales independientes, exhaustivos y participativos, en los municipios de la cuenca, financiados por el gobierno del estado de Veracruz, que permitan identificar todas las fuentes de contaminación ambiental en la región y sus vínculos con la incidencia de enfermedades renales, respiratorias, dermatológicas y de otro tipo que están afectando a la población.
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La aplicación de una política integral de prevención y atención de enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental, especialmente la hídrica.
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Freno a la construcción de más proyectos inmobiliarios sobre las zonas de humedales en Medellín y Boca del Río.
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Castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción al intentar imponer el proyecto Bandera Blanca.
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El compromiso público y oficial del gobierno de Veracruz de que nunca más se impondrá ningún proyecto sin consulta libre, previa e informada a nuestras comunidades.
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Que se detengan todos los actos de intimidación, amenazas y división en nuestras comunidades. Responsabilizamos a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, por cualquier daño al patrimonio, a la seguridad, a la libertad y/o a la vida de los integrantes de la Coordinadora y habitantes de la cuenca que defendemos nuestro río.
